La Cámara baja, con 145 votos a favor, 77 en contra y 5 abstenciones, transformó en ley el proyecto oficial que declara de utilidad pública a la ex Ciccone Calcográfica.

La Cámara de Diputados le dio anoche la media sanción restante y convirtió en el ley el proyecto de expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana, ex Ciccone, que declara de utilidad pública la emisión de papel moneda, tras un largo debate en el cual el oficialismo sumó el apoyo de parte de la oposición.

Luego de más de nueve horas de debate, la iniciativa fue aprobada en general por 145 a favor, 77 en contra y 5 abstenciones.

En el texto de la iniciativa, el Gobierno fundamentó la intervención de la empresa ex Ciccone en la necesidad de "mantener la soberanía monetaria" y de "concentrar la fabricación de dinero circulante y acuñación de moneda de curso legal y de impresión de documentos de seguridad".

Durante la sesión, dirigentes del oficialismo y de la oposición protagonizaron duros cruces en torno a la causa judicial en la que se los investiga al vicepresidente Amado Boudou y al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presuntas gestiones para favorecer a esa empresa.

El diputado del PJ disidente, Eduardo Amadeo, señaló directamente que "la expropiación de la ex Ciccone es una maniobra para encubrir al vicepresidente".

Por su lado, el diputado radical Mario Negri expresó: "No vamos a acompañar este proyecto porque tenemos más dudas que certezas, que nos llevarían a la complicidad. Nuestro voto en contra no tiene que ver con la estatización o no de una empresa, sino con la falta de verdad, la falta de información y transparencia. Y fundamentalmente con una estrategia recurrente del Gobierno de cambiar el eje de discusión".

En otro tramo del debate, el legislador socialista por Santa Fe e integrante del Frente Amplio Progresista, Juan Carlos Zabalza, manifestó que "en la famosa conferencia de prensa de Amado Boudou, el último Jueves Santo, el vicepresidente ha pretendido convertirse en juez de la Justicia. Si esto se consiente como algo lógico, se trata de un brutal condicionamiento al Poder Judicial, que ya ha llevado a las renuncias del procurador y del fiscal, y que atenta contra la división de poderes".

Al defender el proyecto, la titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, la kirchnerista Diana Conti, sostuvo que el proyecto "está dentro de los marcos constitucionales".

Además, cuestionó a la oposición al afirmar que "hace un show entre quienes, siguiendo como borregos al señor (Héctor) Magnetto –CEO de Clarín–, hablan mal de nuestro vicepresidente".

Jueves, 23 de agosto de 2012